Seminario de Teoría del Derecho

deberías saber por qué

Primera sesión: paternalismo, perfeccionismo y autonomía individual

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pare-fumese-uno-stopEl pasado viernes tocamos el tema de la autonomía individual frente al paternalismo y perfeccionismo.  La dinámica propuesta en el seminario permitió construir, sobre la marcha de los debates, posturas y argumentos acerca de la validez de normas o políticas estatales susceptibles de ser reconocidas como paternalistas o perfeccionistas. El primer caso sobre el que se debatió fue el de la política pública del estado peruano de ofrecer la esterilización quirúrgica como método de “planificación” familiar; especialmente dirigido a la población de escasos recursos económicos.

El grupo que asumió la posición de cuestionar la validez de dicha política, usó como primera estrategia el cuestionamiento a la idoneidad del método como método de planificación, subrayando la imposibilidad de “la marcha atrás” una vez tomada la decisión de someterse a la operación. La eventual escaza información sobre las consecuencias de la operación, sostuvo el grupo, violaría la autonomía de dichas personas que optaron por la esterilización quirúrgica. La réplica no se hizo esperar y quienes defendían la validez de la política pública desestimaron ese argumento debido a que se basaba en la recreación de un escenario contingente. Garantizar el acceso a la información de las consecuencias de la operación resultaba un requisito infranqueable, opinaron.

El debate se encendió bastante cuando el primer grupo utilizó la exposición de motivos de la ley que derogaba la prohibición del método de esterilización quirúrgica para sostener que se trataba de una medida perfeccionista y por lo tanto incompatible con un estado liberal  como el peruano. La discusión giró en torno acerca de si dicha política significaba la imposición de ideales válidos del gobierno –como la idea de la relación inversamente proporcional entre desarrollo y bienestar respecto a la cantidad de hijos en una familia- sobre las personas  o si por el contrario era una medida que democratizaba el libre acceso a medios que de otra manera se encontrarían fuera del alcance de un gran sector de la población.

Sobre el segundo caso, el de la expulsión de un alumno de una universidad privada por fumar marihuana en el campus universitario, quedó bastante por discutir. De inicio se reconocieron dos planos sobre los que se iba a desenvolver el debate, el primero fue la aparente falta al principio de legalidad cometido por la universidad, al no haber contemplado de forma exacta la sanción a la conducta de consumir estupefacientes en el campus y la exigencia (ir)razonable¿? de que la conducta esté contemplada tal cual –es decir, que diga “marihuana”.  El segundo plano fue el tema de fondo, ¿resulta justificable que se prohíban conductas como la de beber alcohol o fumar marihuana en una universidad?, Acaso ¿no existe, como parte de mi derecho a la libre determinación, un derecho a fumarme un tronchito antes de clases? Por otro lado, ¿puede una universidad privada fundamentar esa posición en la libertad de contratación, haciendo hincapié en que el alumno sabía de antemano los límites a los que su libertad se iba a enfrentar entrando a dicha universidad?, o ¿existe un límite a dicha libertad de contratación, que en el caso concreto se dibuja con mayor facilidad al tratarse en última instancia de un servicio público? Si existen esos límites, ¿cuáles son los criterios que nos permitirían reconocerlos? Y en un plano más general, no necesariamente refiriéndonos al caso concreto, ¿podría hablarse de un perfeccionismo a manos de un privado, como una asociación civil? ¿O es que la sola idea-base de la libertad de agrupación hace inconsistente ese escenario?

-publicado por edward dyer-.

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Written by edwarddyer

agosto 31, 2009 a 4:58 am

Publicado en Uncategorized

6 comentarios

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  1. Sin duda, el segundo caso quedó con temas sin ver ni analizar, de lo expuesto en clase únicamente se quedó en defender el derecho a la libre determinación del alumno, pero ¿en dónde queda el derecho de la universidad a su “libre determinación” o como se quiera denominar su propio derecho? Es necesario tener en cuenta que las universidades privadas son en realidad una asociación civil o incluso una sociedad anónima (justamente el caso de la USIL) y como personas jurídicas, también ostentan de derechos fundamentales en tanto les sea aplicable, por lo que se puede considerar válidamente que la universidad también ostenta un derecho a determinarse como considera conveniente.
    A pesar de que, desde la creación de la persona jurídica, se ha intentado entender que ésta se encuentra desligada de la persona humana o natural, ésto en sentidos prácticos no es posible, su estatuto, su reglamento y demás decisiones a tomar las toman un grupo de personas (naturales) en nombre de la institución siguiendo las directivas que la institución guarda como suyas; por lo que, si la USIL considera que el consumo de alcohol y drogas es algo que la universidad como tal no lo desea, por lo menos dentro de sus instalaciones, es válido prohibirlo; y en caso alguno de sus integrantes (alumnos, profesores, personal administrativo, etc.) lo realiza, puede ser sancionado por afectar lo determinado por la institución en cuestión.
    Es decir, considero que por el derecho de libre determinación nadie le puede privar a las personas a tomar decisiones, pero también debe respetarse el derecho de la universidad a determinarse y tratar, por sus medios, a encaminar el desarrollo, dentro de sus instalaciones, a un comportamiento que considera aprobado.
    Sin embargo, la sanción de la institución ante la violación de alguna regla debe encontrarse lo más detallada o suceptible de ser conocida, por el infractor, cuál será la medida que se va a tomar. en el caso concreto en la normativa de la USIL se indica que el consumo de drogas es suceptible de sanción, que puede ser considerado de falta leve a grave, es decir, que se puede llamar la atención de manera escrita, suspensión, hasta la expulsión del infractor. El problema del caso es que no se indicó el criterio del “tribunal” de la USIL para decidir, por lo que sí estoy a favor de la reinserción del alumno a la universidad por aquella falta de especificación. Lo que considero que la USIL debe hacer, en vistq que no aprueba el consumo de drogas (cualesquiera que sea) es cambiar su reglamento interno e indicar la sanción única, informar a los alumnos para que no se pueda argumentar ante la futura infracción utilizar aquel precedente en donde se reinserta al alumno a la universidad.
    En cuanto a la interrogante del perfeccionismo en manos de privados, en el caso concreto, el perfeccionismo de la USIL sobre sus alumnos, se indicó en la clase haciendo uso de una de las lecturas que ciertas personas que consideran ciertos cánones como reglas de vida digna tienden a unirse y entre ellos imponerse ciertas conductas, en otras palabras, tienen una línea perfeccionista entre ellos y junto con el argumento en contra del paternalismo así como del perfeccionismo es considerar que ambas atentan la autonomía individual de las personas, pero este caso no afecta en realidad la autonomía privada de aquellas personas, ya que en uso de su autonomía es que restrinjen cierta libertad para cometer su fin.
    En un campo más grande, las asociaciones civiles o todo tipo de asociación puede imponer cierta línea de comportamiento, entre otras medidas; ya sea porque busca un fin perfeccionista o simplemente las considera como medio idóneo para cometer su fin último.

    pamela_huaman

    septiembre 2, 2009 at 4:35 am

    • tienes razón Pamela, la clase quedó corta para debatir la posición de la universidad. Y para eso hemos abierto esta posibilidad. Pero vamos al punto: la universidad tiene la capacidad de establecer las normas de conducta. Existe, sin embargo, un límite frente a esta posibilidad: Los intereses genuinos de los integrantes de la comunidad universitaria no se derivan de su relación con la universidad, sino del principio de autonomía y los derechos fundamentales.

      El paternalismo es una construcción teórica de gran complejidad, pues se refleja en distintos espacios con distintas consecuencias. Al mismo tiempo, los argumentos que lo justifican no son por fuerza los mismos. El punto de referencia más básico podría ser la relación paterno-filial. Es de ahí que se deriva la posibilidad de ejercer algún poder sobre otro. En otras palabras, el paternalismo, entraña poder y el poder debe estar provisto de algún tipo de legitimitación para que sea plausible. Si estuvieramos en el caso de un tipo de paternalismo jurídico, tendríamos que decir con HART, que debería existir consideraciones de tipo moral que justifiquen el derecho y hagan legítima la obediencia.

      El paternalismo que no se justifique en términos de los derechos o intereses de los directamente involucrados, difícilmente será aceptable en el ámbito de una democracia constitucional. El paternalismo no justificado sería propio de una dictadura. La justificación debería apuntar a la realización u optimización de los intereses y derechos de uno o de los otros. En este último extremo radica la objeción al paternalismo desde una perspectiva liberal, pues es posible que los intereses que se pretende proteger no sean reconocidos por quienes serán destinatarios parciales de la medida paternalista.

      El paternalismo se despliega en el terreno de la política institucional y es ahí donde se identifica el caso de las políticas públicas. Es posible que existan casos de paternalismo no estatal, es decir, de privados. El ejemplo, con todos los matices y objeciones que esto pudiera tener, es el de las decisiones médicas en supuestos muy precisos, en donde el paciente ni sus familiares pueden decir nada.

      Me parece interesante, de otro lado, tu apunte sobre el perfeccionismo de las personas jurídicas. Sólo mencionaré que el perfeccionismo supone la existencia de ciertas concepciones del bien que se consideran valiosas o más valiosas que las demás y que, por ello, deben prevalecer por encima de los intereses o decisiones de los individuos. El perfeccionismo propone entonces un plan de vida superior. Niega o mejor dicho estigmatiza como malo o inferior lo que no forma parte de su indemnidad. Los modelos perfeccionistas tienen una raigambre moral y se instalan e instrumentalizan desde el Estado, pero también es posible que una persona jurídica pretenda entre sus fines, la realización de objetivos abiertamente perfeccionistas.

      Las universidades están habilitadas para ejercer los derechos constitucionales propios e impulsar sus actividades y fines. Este propósito tiene límites. El derecho a la autonomía individual es uno de ellos. Busquemos los argumentos que, en los términos de Nino, harían posible justificar este extremo.

      gorki gonzales

      septiembre 3, 2009 at 9:40 pm

  2. Con respecto al segundo caso, creo que nadie discute que el alumno podía drogarse; está en todo su derecho de libre determinación; sin embargo, debe destacarse que la persona no es un ser aislado, por lo que existe la presencia de demás personas que deben ser respetadas. Si bien se sostiene que el derecho del individuo no puede ser perjudicado en beneficio de la comunidad, en realidad yo creo que dicha afirmación debería ser cuestionada y no aplicada sin reflexión alguna en todos los casos, de manera automática. Así como se defiende el hecho del no perfeccionismo por parte del Estado, también debería defenderse el hecho de no perfeccionismo por parte de las minorías o mayorías. Es decir, se critica si el estado interviene en la vida de cada uno, pero ¿qué pasa cuando otro individuo interviene en tu vida? En el caso concreto del alumno de la USIL, por ejemplo, ¿qué necesidad tenía de drogarse en la universidad? Podía hacerlo en su casa o en cualquier otro lugar, excepto en la unviersidad. No sé si sea un argumento utilitarista (e incluso sabiendo las críticas que se le hace a esta “teoría”, la utilitarista), pero existían menores costos para el alumno que para la universidad. Él era consciente del reproche social (tal vez hipócrita, pero reproche finalmente) frente al consumo de drogas (al menos, en un lugar público), ¿por qué asumir dicho riesgo? No sé si sea comparable del todo (en caso no lo fuera, recibo de buena manera las críticas), pero imaginen el supuesto de venir desnudo a la universidad: no le haces daño a nadie pero de todos modos te llamarían la atención (te conversarían, al menos, y no sé si finalmente reconocerían tu derecho a venir desnudo), pero sería muestra de la existencia de normas sociales. Reconozco que el perfeccionismo es negativo pues atenta contra el libre desarrollo de la persona, pero creo que no debe olvidarse que finalmente, la persona vive en sociedad y debe tener presente a las demás personas. Es decir, convivr implica “renunciar” a ciertas libertades, y lamentablemente los prejuicios sociales (frente a las drogas, por ejemplo) juegan un papel importante y significativo. Yo reconozco la necesidad del mínimo intervencionismo por parte del Estado en la vida de las personas, pero no estoy de acuerdo con la libertad plena y “automática” del individuo, pues este no vive solo en una isla, sino en comunidad. Y por ello debe tomarla en cuenta.

    viviana gálvez

    septiembre 3, 2009 at 2:06 am

    • de acuerdo contigo, la libertad como ausencia de límites no existe o es una ilusión. En todo caso, el ejercicio de la autonomía individual in extenso, no tiene que ver con el perfeccionismo. El límite, eso sí, de la autonomía, se podría derivar, como anticipa Nino, del principio de la inviolabilidad de la persona, pensando en los terceros. Quizás esta sea una pista sensible y difícil de recorrer, pero creo que es la única que podría encaminar la justificación de una medida como la de la USIL.

      gorki gonzales

      septiembre 3, 2009 at 9:44 pm

  3. En el caso de la esterilización quirúrgica como política pública, considero, en principio que dicha medida, en sí misma, no puede ser calificada como una de carácter perfeccionista o paternalista… más bien, considero que estas calificaciones pueden hacerse luego de analizar o estudiar como es que el gobierno va a ejecutar dicha política. En este punto podríamos tener dos ejemplos de lo que podríamos llamar una “buena” ejecución de la política y una “mala” ejecución de la política: la mala sería -como no puede ser de otra manera- la que se llevó a cabo en nuestro país en la década del noventa (más agresivamente en el periodo 1996 al 2000), que nos mostró, entre otras cosas -y aquí cito el Informe N° 7 de la Defensoría del Pueblo- como un gobierno entendía la ejecución de esta política: “falta de garantías para la libre elección, campañas destinadas exclusivamente a la ligadura de trompas (…), metas establecidas como cantidades de mujeres que necesariamente deben utilizar determinados métodos anticonceptivos, falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica, tendencia compulsiva a la aplicación del programa”. Por los reportajes de los noticieros sabemos, también, que existía presión por parte de los ministros a los directores regionales de salud, que -en algunos casos- efectivos policiales o de las fuerzas armadas llevaban a las mujeres a la fuerza -en sus vehículos- a los centros de salud, que otorgaban recompensas, etc. Desde mi punto de vista, ésta es, claramente, una medida perfeccionista (… además de la pequeñez de ser un crimen de lesa humanidad): a través de ella, el gobierno se dirigió exclusivamente a mujeres de bajos recursos de las zonas andinas del país, so pretexto de la lucha contra la pobreza… como si teniendo menos hijos, las personas de bajos recursos pudiesen, casi automáticamente, aumentar sus probabilidades de dejar de ser “pobres”. Ahora, si comparamos este escenario con el caso -hipotético- que se dejó en clase, pues, a mi parecer, resulta evidente que, preliminarmente, existe una gran diferencia, ya que en este último caso sólo se estaba retirando la prohibición de adoptar la esterilización como política pública -“de población y control”-. El levantar la prohibición significaría, como consecuencia, que se trate de una medida más; así, se ampliaba la gama de opciones que las mujeres podían utilizar como anticonceptivos (en el Informe de la Defensoría se mencionan tres más: los inyectables, las píldoras y el dispositivo intrauterino -siendo la esterilización quirúrgica el método con menos uso entre las mujeres-). Bueno, hasta aquí, podrían admitirse ciertas suspicacias en torno a la forma de ejecución… sin embargo, dichas suspicacias -o por lo menos la mayor parte de ellas- deberían dejarse de lado con la contestación del procurador, en cuyos puntos iii y vi señala expresamente que no se haría todo aquello que sí se hizo aquí en el Perú (estímulos, recompensas, intervenciones forzadas, coacciones, desinformación, etc.). En consecuencia, no nos encontraríamos frente a una medida perfeccionista, en la medida en que el gobierno no está tratando de imponer un estilo de vida determinado (familias con menos hijos = más probabilidades de riqueza). Hasta aquí he intentando responderme si la medida -según el caso- era o no perfeccionista desde un enfoque de la ejecución de la medida… pero también cabe preguntarse -retrocediendo un poco en cuanto a un enfoque de la medida per se- si es que ésta puede ser calificada como perfeccionista por el sólo hecho de estar dirigida exclusivamente a un sector muy específico de la población: las mujeres de las zonas andinas de bajos recursos… y claro, si la respuesta fuese afirmativa, no sería relevante en absoluto el tema de la forma de ejecución. En términos generales, considero que el hecho de que una medida que sólo busca poner al alcance de un determinado grupo de personas -en este caso, mujeres con las características que ya he señalado- una “herramienta” -o “mecanismo” o sus similares- del que antes no gozaban, sólo demuestra la intención del gobierno de buscar dotar a ese grupo en particular de lo que podría ser considerado -de acuerdo a la elección personal de cada miembro del grupo, en la cual el gobierno no se entromete- un beneficio (traducido en el incremento de las opciones de elección).

    carolina terrones

    septiembre 4, 2009 at 7:37 pm

  4. Respecto al tema de la esterilización a mujeres para evitar la procreación en los sectores de menos recursos usado como política pública; debemos tener en consideración ciertos puntos: Por ejemplo, como bien se mencionó en clase, el tema de las operaciones de esterilización se realizaron en zonas alto andinas del Perú; lugares en que la mayoría de mujeres son analfabetas o semi analfabetas (es decir que solo tiene hasta cierto grado de educación primaria) dado que en el ambiente en el que viven no requieren mayor educación. Así que por más benevolente que haya podido ser el estado peruano la “información” que podían entregar a dichas mujeres no iba a satisfacer su necesidad de conocer en verdad los fines y problemas que podían traer estas operaciones o simplemente conocer en qué consistían y que iba a ocasionar en sus cuerpos. Sin embargo, creo que el Estado era perfectamente consciente de ello y precisamente en uso y abuso de su poder de decisión prefirió aplicar estas políticas públicas en las zonas más pobres del país. Sin embargo, si considero que lo hizo con intención de mejorar la vida de las personas que viven en estas condiciones pero no uso los medios adecuados para evitar la barbarie que se causo posteriormente; y en lo que quedo en la memoria de muchos fue precisamente el abuso del estado, usando politicas publicas que “dañaron” a la población marginal del país. Me explico, el interés parternalista del estado lo encuentro en la siguiente línea de pensamiento que pudo haberse usado: “Estas mujeres que no tiene un ápice de conocimiento sobre los tema de planificación familiar (ojo sin exculpar al estado de la ignorancia masiva que hay en todo el país sobre este tema en especial entre los jovenes) no aprobarían métodos anticonceptivos como las píldoras o los métodos de barrera, dado que ello requiere del consentimiento de los varones, hombres de mediana edad, que tampoco tiene conocimientos sobre el tema, en circunstancias en que abusan de sus esposas o convivientes, porque tienen el poder de sobrellevar la carga familiar, así que si estos se niegan las mujeres no tendrán más remedio que aceptar lo que sus maridos le digan; es decir, no usar métodos anticonceptivos utilizados normalmente en un mundo occidentalizado pero que para su cultura es totalmente inadecuado dado que no se encuentran acostumbrados a ello” y no porque suene discriminatorio mi comentario, sino porque he tenido la posibilidad de viajar a un pueblo alejado de la provincia del Cusco y Ayacucho, donde la posta de salud más cercana se encuentra a dos horas de caminata, en donde la educación primaria es paupérrima y donde menos les interesa hablar es la salud reproductiva, dado que los hijos que tienen, los ayudaran luego con las labores de la chacra y así ayudar en la crianza de los hijos menores. Entonces, lo que considero, es que menos hijos no es automáticamente un pase para no ser pobre; sino que menos hijos les da la posibilidad de pensar en educarlos y criarlos adecuadamente, darles posibilidades de un futuro mejor; o al menos eso es la esperanza que alimentamos aquellos que creemos en que eso es posible. Y ello no implica necesariamente salir a la ciudad, sino mejorar las condiciones de vida de aquel pueblo alejado que no cuenta con luz eléctrica y agua potable, menos con vías asfaltadas, donde la educación es un decir, porque no la considero como tal por lo que pude apreciar con esta experiencia. Ciertamente, obligando a las mujeres a operarse, se violaron muchísimos derechos constitucionalmente protegidos, pero también al no darles las posibilidades de evitar ser abusadas y obligadas a vivir en aquella situación tan lamentablemente se violan muchos más derechos y con mayor frecuencia. No habría que irse muy lejos de la ciudad, en las zonas periféricas, para conocer las circunstancias en las que viven, con tres, cuatro o hasta cinco hijos, que se llevan entre sí un año, y ello a que se debe, en mi opinión, a la falta de educación. Ninguna medida paternalista funcionará en estos temas de dirigir como política pública ciertas formas de evitar embarazos, sino comenzamos por la educación; como pilar de la estructura del Estado, como base para que los ciudadanos puedan elegir con conocimiento sobre el tema, para evitar así que la mujer siga siendo explotada, quizás desde la universidad no nos demos cuenta pero la violación de los derechos reproductivos de las mujeres comienza porque simplemente no tienen la posibilidad de elegir, porque no tienen idea entre que elegir, y ello definitivamente es responsabilidad del estado, de inculcar que tienen la capacidad y libertad de elegir de la manera en que quieren vivir.

    Rosa Núñez Cáceres

    noviembre 8, 2009 at 4:11 pm


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