Seminario de Teoría del Derecho

En la clase de la última sesión discutimos sobre los límites del régimen político democrático en escenarios de debilidad institucional, esta es una de las características más llamativas de la mayoría de países de América Latina, sobre todo de los países centroamericanos y de la región andina. El caso del golpe de estado en Honduras nos permitió poner sobre el tapete un conjunto de críticas a la idea de democracia representativa, desde una perspectiva constitucional, basada en los derechos. El caso de la toma de carreteras en Pisco nos permitió observar en toda su dimensión los efectos de la ineficiencia e ineficacia estatal, asimismo navegamos a través de la pregunta de si dicha situación merecía el calificativo de “estado de cosas inconstitucional” o era, más bien, una de “alienación legal”.

Con respecto a este último tema, el primer grupo adoptó la postura a favor del derecho de los ciudadanos iqueños y pisqueños a tomar las carreteras como manifestación de su derecho a protestar debido a la situación crítica en la que se encontraban. La justificación de esta acción parte del reconocimiento de que ya se han agotado todas las vías procedimentales disponibles y esta medida de fuerza es la única disponible. El otro grupo argumentó sin embargo que el derecho a la protesta debería tener límites y que en este caso no era del todo claro que los pobladores habían agotado las vías por las cuales no se dañaba el derecho de terceros; por lo tanto, si bien es cierto que la población se encontraba en una situación crítica, esto no era suficiente. Cuando el debate fue abierto a todos los alumnos, y a la pregunta sobre la relación entre el papel del gobierno, los efectos del régimen político y los derechos de los pobladores y de todos aquellos afectados por la protesta hubo consenso en que dichos eventos fueron el detonante de la inoperancia del estado. Pusimos a prueba la posibilidad de usar el concepto “alienación legal” para comprender el desenlace de estos sucesos, ante lo cual la mayoría de alumnos coincidió en que los pobladores sí se reconocían como parte de la comunidad política regulada por el régimen democrático, por lo que la protesta y la toma de carreteras fue tan solo respuesta ante la inoperancia de los diferentes niveles de gobierno, más no significaba el desconocimiento de la ley. Una alumna propuso que dicha situación, antes que “alienación legal” era más bien “estado de cosas inconstitucional”. A pesar de que este último concepto es relativamente novedoso –es creación de la justicia constitucional colombiana-, nuestro Tribunal constitucional lo ha utilizado para catalogar situaciones en la que, debido a la ausencia o hacer ineficiente e ineficaz del estado, se vulneran derechos.

El segundo debate trató sobre el “golpe de estado” en Honduras como producto de la consulta popular propulsada por el, en ese entonces, presidente Zelaya. Esta discusión fue pertinente para poner a prueba conceptos como el de democracia representativa, democracia deliberativa, democracia participativa y democracia directa en países que transcurren por el proceso de transición y consolidación de la democracia. El grupo que estuvo en contra del referéndum justificó su postura apelando al respeto de las “cláusulas pétreas” al amparo de dos razones, la primera, de naturaleza positivista, por que fue el producto de la política legislativa, es decir, el respeto a una de las ideas más características de la democracia representativa, consistente en la representación jurídica de la nación; las política constitucional tiene cometido salvaguardar el interés general y los constituyentes son los elegidos para realizar dicha tarea. La segunda, debido al contexto político que justificó dicha norma constitucional: Honduras es un país con serios problemas estructurales donde las élites políticas han tendido a apoyar gobiernos autoritarios; una manera de disipar este tipo de amenazas es mediante la formulación de “cláusulas pétreas” que prohíben la reelección presidencial. El otro grupo defendió la postura contraria argumentando que la naturaleza de la consulta no era otra que exploratoria de las preferencias de la ciudadanía, no se estaba tomando una decisión -según los estándares de la democracia directa- sino que se quería involucrar a la ciudadanía en el proceso democrático en una etapa anterior a la de la creación del derecho a través de la política legislativa. Luego de la consulta, el parlamento sería el llamado para activar los mecanismos de reforma constitucional.